Fabiola García destaca el impacto positivo que tendrá el acuerdo del SAF en los ayuntamientos, permitiéndoles mejorar los servicios sociales que prestan.
La conselleira recordó que se trata de un acuerdo histórico que supondrá un incremento del 50% en la aportación del Gobierno gallego a este servicio de competencia municipal
Teo (A Coruña), 8 de febrero de 2026
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, mantuvo esta mañana un encuentro con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, en el que analizaron el impacto del acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y la Fegamp para incrementar el precio del servicio de ayuda en el hogar (SAF), una medida que permitirá a los ayuntamientos reforzar y mejorar la prestación de este servicio social.
En esta línea, la conselleira subrayó que se trata de un acuerdo histórico que permitirá incrementar en un 50 % la aportación del Gobierno gallego a un servicio de competencia municipal. En el caso concreto del ayuntamiento de Teo, detalló que este aumento supondrá a lo largo de los próximos tres años una inyección de cerca de 650.000 euros, lo que representará un ahorro significativo para las cuentas municipales y, al mismo tiempo, permitirá seguir mejorando la ratio de atención.
De este modo, Fabiola García afirmó que “los datos demuestran claramente el carácter beneficioso de este acuerdo para los ayuntamientos gallegos”, al tiempo que pone de manifiesto el compromiso de la Xunta de Galicia con las administraciones locales y, especialmente, con las personas dependientes. En este contexto, lamentó que “mientras la Xunta continúa avanzando en derechos sociales, el Gobierno central siga incumpliendo la Ley” al no asumir el 50 % de la financiación que le corresponde, una deuda que, recordó, asciende ya a 2.900 millones de euros con Galicia.
Asimismo, la conselleira denunció la paralización por parte del Gobierno central del Plan de Choque de la dependencia y de la discapacidad impulsado por la Xunta, una decisión que atribuyó a un interés meramente recaudatorio. En este sentido, explicó que las más de 12.500 homologaciones automáticas de la discapacidad realizadas por la Xunta el pasado año supusieron que el Ejecutivo estatal dejase de ingresar 114 millones de euros, ocasionando un perjuicio directo al conjunto de la ciudadanía gallega.
